Actualmente, la UE, en la estrategia Europa 2020, reconoce la importancia de la contratación pública como uno de los instrumentos que deben utilizarse con el fin de lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y, al mismo tiempo, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. En España, recientemente, ha entrado en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esta Ley plantea incorporar de forma transversal criterios socialmente responsables a la hora de preparar y ejecutar los contratos públicos, de tal forma que obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos concretos sobre igualdad de género, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética. Se analizarán y evaluarán las contrataciones de las entidades que conforman el sector público en relación a cuestiones sociales, ambientales y éticas. Se pretende favorecer el enfoque de prácticas y políticas responsables en atención a las carencias observadas, contribuyendo a obtener, no solo beneficios ambientales, sino también económicos y sociales, tanto para la Administración como para el sector privado y la sociedad.
