El actual cambio demográfico en la mayoría de los países europeos, se traduce en el envejecimiento de su población, que junto con la crisis financiera y económica de los últimos años ha intensificado el debate sobre la solvencia financiera de los sistemas de pensiones públicos. Así, factores como el aumento del desempleo, la reducción del crecimiento económico y el aumento de la deuda nacional, han acelerado los procesos de reforma de los sistemas de pensiones.El gasto por pensiones contributivas de jubilación ha aumentado considerablemente en muchos países, sobre todo los que tienen sistemas de reparto de prestación definida, previendo escenarios futuros de déficit estructural de los sistemas de pensiones públicos.El sistema de reparto está sometido a dos tipos de riesgos: el demográfico y el económico. En cuanto al riesgo demográfico, el actual cambio demográfico que se está experimentando en la mayoría de los países europeos, se traduce tanto en el envejecimiento de su población. Según Celentani et al. (2007), el envejecimiento de la población se explica por el aumento de la esperanza de vida y al descenso de la natalidad, pudiendo agravar los problemas del actual sistema de reparto.Además del envejecimiento de la población, la sostenibilidad futura de este tipo de sistema de pensiones, depende también de que la población ocupada se incremente en la misma proporción que la población pasiva, de tal forma, que el número de cotizantes y sus aportaciones sean suficientes para pagar las pensiones de cada momento. Si la población que se incorpora a la vida laboral no se incrementa en la misma proporción que los jubilados, además de hacerlo en edades más avanzadas, puede agravar los problemas de solvencia de estos sistemas.Respecto al riesgo económico de los sistemas de reparto, es relevante analizar factores como la formación, la entrada y salida del mercado laboral, el empleo, el paro, además de otros económicos como son la productividad, la evolución del PIB, del IPC, de los salarios, entre otros, ya que, estos elementos tienen un elevado impacto en los cambios de comportamiento de la población española, influyendo en sus decisiones de futuro y como consecuencia en el sistema de pensiones.En este contexto, los países desarrollados están mostrando una preocupación creciente por sus sistemas de Seguridad Social, así como por la salud financiera de sus sistemas públicos de pensiones, lo cual se ha traducido en una serie de reformas que van desde simples modificaciones paramétricas hasta reformas profundas del modelo, como afirman La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Instituto de Actuarios Españoles. En este sentido, el Gobierno español aprobó en el año 2011 la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Esta ley establece una serie de medidas paramétricas ¿dentro del sistema de reparto-, que tienen como objetivo reforzar la solvencia financiera futura del sistema de pensiones de jubilación español, y en la que la regulación y obtención del factor de sostenibilidad quedó pendiente de concreción. Por esta razón, el Pleno del Congreso aprobó la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, según la cuál las pensiones subirán siempre como mínimo 0,25% en épocas de dificultad económica que afecte a las arcas de la Seguridad Social, sin embargo, cuando la situación económica sea favorable subirán el 0,50% por encima del IPC.El objetivo fundamental de este trabajo es analizar la solvencia del sistema contributivo de pensiones de jubilación español, desde la perspectiva del empleo y tras la reforma del sistema de pensiones aprobada por la Ley 27/2011. El análisis se lleva a cabo a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales en la versión de 2010 (MCVL 2010), y se ha trabajado con las reglas del sistema de pensiones según la Ley 27/2011.Una vez analizada la solvencia o insolvencia financiera del sistema de pensiones español, se analizan diferentes diseños del factor de sostenibilidad, clasificándolos en función del parámetro en que se enlaza con la evolución de la esperanza de vida, según la experiencia de otros países europeos, así como según el diseño específico que propone el Comité de Expertos y el modelo que ratifica el Gobierno para la obtención del factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones español. De esta forma, otro de nuestros objetivos es cuantificar en qué medida la reforma aprobada en el año 2011 y la inclusión de un factor de sostenibilidad nos acerca a la solvencia futura a largo plazo del sistema de pensiones de jubilación español.En cuanto a las aportaciones de este trabajo respecto a investigaciones anteriores destacan las siguientes:a) La utilización de metodologías como el Tanto Interno de Rendimiento (TIR) y el Coste por Pensión Unitaria (CPU), permiten determinar si existe equilibrio financiero-actuarial entre las aportaciones que realiza la población cotizante a lo largo de su vida laboral y las pensiones que percibirán del sistema como jubilados. A diferencia de los modelos contables que tratan de determinar a partir de qué año el sistema tendrá desequilibrios de tesorería, a través de estos modelos actuariales podemos detectar no sólo la insolvencia del sistema, sino que además, facilitan la introducción de medidas que mejoren la equidad y la sostenibilidad futura.b) Se han realizado muchos trabajos que estudian y cuantifican la futura insolvencia financiera del sistema público de pensiones, centrados en los flujos de caja, bajo diferentes hipótesis sobre la economía en general, en especial en las futuras tendencias de los factores demográficos (tasa de natalidad, flujos migratorios o la evolución de la esperanza de vida), pero pocos trabajos que enlacen el riesgo de desempleo con la solvencia financiera de los sistemas de pensiones, para lo que se han utilizado las probabilidades de transición entre el empleo, el desempleo y la inactividad facilitadas por la Encuesta de Población Activa (EPA). c) Además consideramos novedoso el análisis de la solvencia financiera del sistema que realizamos tras la inclusión del Factor de Sostenibilidad (FS) y del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) presentado en la Ley 23/2013.d) Otra de las aportaciones principales es la utilización de la información sobre las historias laborales reales de los individuos cotizantes (ocupados y desempleados) que nos proporciona la Muestra Continua de Vidas Laborales en su edición del año 2010 (MCVL 2010). La utilización de esta base de datos nos ha facilitado información sobre la población analizada como: el año y la edad de entrada en el sistema, el número de días cotizados, los tipos de relaciones laborales que han tenido a lo largo de sus carreras laborales y sus bases de cotización, entre otros, datos que nos están disponibles en otras fuentes de información y que han sido imprescindibles en la ejecución de este trabajo.BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.Aaron, H (1966): ¿The social insurance Paradox¿, Canadian Journal of Economic Review, vol. XXX, nº 3, págs. 371-374.Acosta Ballesteros, J. y Osorno del Rosal, P. (2009): ¿Transiciones laborales desde el empleo temporal y temporalidad regional¿, Jornadas de Economía Laboral, Universidad de Zaragoza, Julio 2009.Alonso Albarrán, V. (2012): ¿Experiencia española en evaluación de la sostenibilidad del gasto en pensiones¿. Instituto de Estudios Fiscales. Presupuesto y Gasto Público 68/2012, págs. 125-139. 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