La represión franquista ejercida en España tras el golpe de estado del 17 de julio de 1936, provocó la muerte de 13.205 personas en Extremadura. Víctimas de las que al menos 9.293 fueron ejecutadas de forma irregular, sin que pasaran por ningún procedimiento judicial. Detenidos ilegalmente por motivos políticos, cuyo rastro se pierde en el proceso represivo, eliminados mediante la aplicación directa del bando de guerra entre julio de 1936 y 1948. Los cuerpos de estas personas fueron enterrados en fosas comunes, arrojados a cauces de ríos o sepultados en minas. Depósitos de cadáveres que han sido investigados con el objetivo de analizar el acto represivo que representan y las estrategias a las que responden los hechos. Para ello se han investigado diez casos que comprenden la amplia horquilla cronológica del bando de guerra. Los métodos utilizados provienen de la arqueología y antropología forense y han permitido inferir el evento represivo que conforman las fosas comunes, definir el procedimiento perimortem y postmortem utilizado sobre las víctimas, la causa de muerte, identificar los cuerpos y determinar el papel que desempeñó la violencia dentro del contexto sociopolítico y cronológico al que pertenecen las ejecuciones. Las estrategias de eliminación representan el primer eslabón de la cadena del aparato represivo franquista, mostrado su complejidad y organización. La diversidad de tácticas inferidas indican el papel que desempeñó la violencia como forma de eliminación del enemigo y herramienta de control social. Estrategias en las que se ha contrastado la intencionalidad y sistematicidad en las formas de represión.